Cuando Mateo, de 20 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba por una calle cerca de su casa, su madre, Pascuala, hizo lo que las autoridades mexicanas piden a todas las víctimas de delitos: acudió a la oficina local de la fiscalía de su estado y presentó una denuncia penal. Pascuala esperaba que las autoridades identificaran y procesaran penalmente a los miembros del grupo criminal que ella creía que estaba detrás del asesinato de su hijo y que seguía acosando a miembros de su comunidad, especialmente a los jóvenes.
Durante meses, según Pascuala contó a Human Rights Watch, los fiscales se negaron a darle información sobre el caso, un derecho que tienen todas las familias de víctimas en México. En un momento dado, ella recuerda, un fiscal le dijo que dejara de insistir en la investigación o, de lo contrario, podría “ir a acompañar a [su] hijo”. Finalmente, después de casi un año, Pascuala consiguió que el caso fuera transferido a otra oficina de la fiscalía, en la capital de su estado. Entonces se enteró de que, hasta ese momento, no se había hecho casi nada para investigar el asesinato de su hijo.
Cuando el nuevo fiscal avanzó con la investigación, Pascuala recibió amenazas de muerte. En una ocasión, fue atacada violentamente por un grupo de personas que le dijeron “te dejaremos como dejamos a tu hijo”, si no se retractaba de la denuncia. Josefa pidió protección a las autoridades, otro derecho que tienen todas las víctimas según la legislación mexicana. Lo que le dieron fue un número de teléfono para llamar a la policía. El fiscal le dijo que dudaba que aquello fuera de mucha ayuda, según recuerda.
Eventualmente, la fiscalía detuvo al presunto líder del grupo criminal que habría asesinado a su hijo. Cuando Human Rights Watch entrevistó a Pascuala, habían pasado casi cuatro años desde el asesinato de Mateo. Al momento de redactar este informe, el juicio había sido aplazado 14 veces. Tanto Pascuala como los dos testigos del caso cuyo testimonio, según su abogado, es crucial para obtener una condena, seguían recibiendo amenazas de muerte. Con el apoyo de una organización local de derechos humanos, Pascuala eventualmente logró recibir medidas de protección del gobierno. Sin embargo, dijo a Human Rights Watch que temía que, si los testigos eran asesinados o decidían no declarar por miedo, el caso se desmoronaría y su comunidad seguiría viviendo atemorizada.
“La gente me dice: ‘Déjalo. Estás amenazada. Dios hará justicia’”, explicó Pascuala a Human Rights Watch. “Yo les digo: ‘Hay un Dios, sí. Pero también hay autoridades aquí en la tierra. ¿Por qué no hacen nada?’”.
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La experiencia de Pascuala dista mucho de ser única en México. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo el 1 octubre de 2024, heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, en gran parte impulsada por conflictos entre y dentro de poderosos grupos criminales que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos y por los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad, que cuentan con una impunidad casi total. La tasa oficial de homicidios (25 por cada 100.000 habitantes en 2023) es una de las más altas del mundo. La tasa real podría ser incluso mayor. Desde 2007, más de 94.000 personas han sido reportadas como desaparecidas y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas. Con frecuencia, muchas ciudades mexicanas encabezan las listas de los lugares más peligrosos del mundo. Tres cuartas partes de los mexicanos que viven en zonas urbanas sostienen que la delincuencia y la inseguridad son su principal preocupación.
Los esfuerzos de las dos últimas décadas para intentar reducir la violencia criminal se han centrado principalmente en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías del debido proceso y politizar la selección de los jueces. Estas estrategias han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces para mejorar la seguridad pública o frenar el poder de los grupos criminales. No han abordado un problema central: la ineficacia del sistema de justicia penal mexicano.
Para las víctimas de la violencia y para sus familias, buscar justicia y rendición de cuentas a través del sistema de justicia puede ser costoso, lento, peligroso e ineficaz. Muchas de ellas se topan con la estigmatización y el abandono por parte de las autoridades. Quienes son acusados de delitos suelen sufrir abusos, corrupción y falta de garantías procesales. No es sorprendente que casi la mitad de los mexicanos afirmen tener poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales del país.
La ineficacia en las investigaciones criminales es uno de los principales factores de este problema. Las fiscalías estatales son responsables tanto de investigar como de procesar la mayoría de los homicidios en México. Sus resultados han sido extremadamente pobres. Desde 2010 hasta 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300.000 investigaciones por homicidio doloso. Solo en 51.000 casos pudieron identificar formalmente un sospechoso. Esto equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %, una cifra tremendamente baja. También resulta problemático el hecho de que, si bien la mayoría de los casos penales por homicidio que llegan ante un juez terminan en una sentencia, muchos se basan en pruebas alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.
Este informe, que se centra en la investigación y judicialización de casos de homicidio doloso, analiza por qué las fiscalías en México rara vez llevan a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos; e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para personas como Pascuala, a fin de que los mexicanos estén más seguros y recuperen la confianza en el sistema de justicia y de que México cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional de garantizar que las violaciones del derecho a la vida sean investigadas de manera adecuada.
Durante dos años, Human Rights Watch entrevistó a cerca de 150 policías de investigación, fiscales, abogados defensores, asesores jurídicos de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y otros expertos en 11 estados. La organización también asistió a audiencias judiciales, revisó carpetas de investigación, analizó datos de fuentes abiertas y presentó cientos de solicitudes de acceso a información pública a autoridades estatales y federales.
Human Rights Watch identificó una amplia gama de problemas sistémicos que socavan las investigaciones y afectan los derechos tanto de familiares de víctimas como de quienes son acusados de delitos. Estos incluyen:
- La falta de investigadores, fiscales y peritos calificados en las fiscalías estatales para hacer frente al elevado número de homicidios en México y, a menudo, la escasez de materiales y recursos básicos necesarios para investigar eficazmente los crímenes y realizar estudios forenses.
- Sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones e intercambiar información entre los miembros del equipo de investigación, lo que puede provocar graves retrasos en la adopción de medidas básicas de investigación y en el seguimiento de los casos.
- La ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas, quienes a menudo temen la posibilidad de sufrir represalias por parte los victimarios si cooperan con las investigaciones.
- Incentivos perversos y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles, alterados, fabricados u obtenidos mediante amenazas o tortura.
- Mecanismos de supervisión débiles que no investigan eficazmente las denuncias de corrupción y abusos ni sancionan o remueven a los funcionarios responsables, lo que también disuade a las víctimas de denunciar estos problemas.
La principal estrategia del gobierno mexicano para intentar frenar la violencia criminal durante las dos últimas décadas ha consistido en desplegar el Ejército para luchar contra grupos criminales y llevar a cabo otras tareas policiales. Desde cualquier punto de referencia, este enfoque ha fracasado. En diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” al crimen organizado y lanzó la primera operación militar contra los carteles de la droga, la tasa de homicidios de México era una de las más bajas de América Latina. Para 2010, casi se había triplicado.
Los sucesores de Calderón han continuado la estrategia de militarización. En 2019, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal fue disuelta y sustituida por la Guardia Nacional, un cuerpo de carácter militar. En 2024, el Congreso aprobó una reforma constitucional que otorgó a la Secretaría de la Defensa el control permanente de la seguridad pública a nivel federal. Cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión, cerca de 230.000 soldados se encontraban desplegados en el país. El ejército ha estado implicado en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La tasa de homicidios se ha mantenido en niveles altos y el sistema de justicia penal sigue siendo tan ineficaz como siempre.
En muchos casos, los esfuerzos y propuestas destinadas a mejorar los resultados del sistema de justicia penal se han centrado en debilitar las garantías procesales y socavar la independencia judicial. Sus resultados han sido igualmente pobres. Desde 2008, el Congreso ha ampliado tres veces la lista de delitos por los que se impone prisión preventiva oficiosa. Esto ha aumentado el número de personas encarceladas, pero no ha mejorado la capacidad de los operadores de justicia penal para obtener condenas por delitos violentos. En 2020, el fiscal general presentó una propuesta, que finalmente fue abandonada, que habría permitido a los fiscales utilizar pruebas obtenidas mediante tortura, alegando que las reformas anteriores, destinadas a proteger los derechos de los acusados, habían convertido el sistema judicial en “una puerta giratoria” y habían “multiplicado el número de delincuentes”. En 2024, tras las repetidas afirmaciones del entonces presidente López Obrador sobre que la ineficacia del sistema de justicia penal era culpa de “jueces que favorecen a los delincuentes”, los legisladores aprobaron un cambio constitucional que obliga a destituir a todos los jueces estatales y federales y a sustituirlos por medio de votaciones populares en 2025 y 2027. Los candidatos a las elecciones judiciales serán elegidos por el gobierno, el Congreso y la Suprema Corte. Es probable que estos cambios aumenten la presión política sobre los jueces para que emitan fallos favorables al gobierno, pero harán muy poco para garantizar investigaciones adecuadas.
Para hacer frente a la actual crisis de violencia criminal en México, las autoridades deberían tomar medidas urgentes que mejoren la capacidad de las fiscalías para investigar eficazmente los delitos violentos y desmantelar las organizaciones criminales. Las autoridades deberían garantizar que los servicios profesionales de carrera en las fiscalías estatales operen con normas transparentes y objetivas de contratación, ascensos y remociones. Estas normas deberían premiar a los oficiales en función de su capacidad e integridad y, por otro, destituir y exigir rendición de cuentas a quienes cometan abusos. Las autoridades también deberían invertir más en formación y equipamiento, así como en asegurarse de que todas las fiscalías cuenten con los expertos y equipos necesarios para identificar rápidamente a las víctimas y analizar las pruebas.
El gobierno federal debería crear un protocolo homologado para las investigaciones de homicidios dolosos y establecer estándares mínimos sobre el nivel de capacidad forense y técnica con el que deben contar todos los estados para garantizar la eficacia de las investigaciones.
Los gobiernos estatales deberían adoptar medidas para garantizar que los familiares de las víctimas puedan participar en las investigaciones. Esto significa asegurarse de que todas las comisiones estatales de víctimas cuenten con el personal y los recursos suficientes para apoyar a las víctimas y adoptar esfuerzos por mejorar la coordinación entre fiscalías y comisiones de víctimas. También implica la creación de mecanismos eficaces para proteger a las víctimas y a los testigos de posibles represalias. Al mismo tiempo, las autoridades deberían garantizar que los fiscales no usen el temor de las víctimas o su imposibilidad de participar en procesos penales como una excusa para abandonar las investigaciones.
Igualmente, las autoridades estatales y federales deberían adoptar medidas para mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de las fiscalías estatales como, por ejemplo, conceder plena autonomía y recursos suficientes a los órganos internos de control, las Visitadurías y las fiscalías estatales anticorrupción para garantizar que estas entidades puedan investigar y sancionar eficazmente las acusaciones de irregularidades. También deberían establecer mecanismos de supervisión externa y consejos de participación ciudadana que cuenten con la autoridad para fiscalizar el trabajo de estas unidades.
México tiene la obligación, conforme al derecho internacional, de adoptar medidas para proteger el derecho a la vida, llevando a cabo investigaciones de homicidios que sean exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos. Estas investigaciones deberían estar enfocadas en identificar la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a una reparación a través del sistema de justicia. Las autoridades también deberían tomar medidas más efectivas para desmantelar las organizaciones criminales responsables de los homicidios.
Las políticas de seguridad pública abusivas, como la militarización y las detenciones y condenas arbitrarias, han demostrado ser ineficaces para cumplir con estas obligaciones. México necesita urgentemente instituciones de justicia penal profesionales y efectivas, capaces de investigar y enjuiciar eficazmente los homicidios. El gobierno de Sheinbaum debería enfocarse en garantizar que los operadores de justicia penal cuenten con las herramientas necesarias para procurar justicia para las víctimas.
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