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La impunidad del general

La impunidad del general

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A  Óscar Kabata le pidieron que cantara algo, lo que fuera, mientras lo mantenían con los ojos vendados dentro de un auto que olía mucho a pino, a pino artificial, de esas fragancias para armonizar el ambiente. “Canta”, le ordenaron, y él sabía que la pistola estaba ahí, cerca de él, y que quizás cantara lo que cantara sería lo último que haría hasta que presionaran el gatillo sobre su cabeza.

Horas antes vio morir a su lado a su amigo Víctor Baca, torturado en el cuartel militar de Ciudad Juárez, donde permanecieron después de que elementos uniformados los detuvieron mientras compraban un hotdog. Óscar tenía 17 años entonces, y su amigo un poco más. De tantos golpes que recibió quedó desfigurado y después con un hoyo en la frente.

Él se mantenía vivo y no entendía por qué. Pero tampoco entendía por qué estaba ahí; por qué pasó de ser un adolescente con una vida tranquila, a un prisionero del Ejército Mexicano en el Operativo Conjunto Chihuahua que le quería hacer confesar quién sabe qué crímenes, y que pertenecía a quién sabe qué bandas.

“Yo no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo, y tu no eres aquel que prometió sería mi súper héroe”, cantó Óscar, cuando de pronto los hombres que lo mantenían cautivo se bajaron del auto y le dijeron antes de irse que se siguiera cuatro canciones más y entonces podría quitarse la venda e irse.

Era 2 de marzo de 2009, cerca de media noche, y cuando logró bajar, aturdido, reconoció de lejos la entrada a la ciudad. Habían pasado cinco días de tortura en las instalaciones del Ejército donde presenció la muerte de su mejor amigo Víctor Baca, y donde alcanzó a reconocer al militar que lideró su tortura: el general Felipe de Jesús Espitia; un rostro que no olvidaría. Fue en cierto momento, después de días de maltratos y golpes, cuando lo vio acercarse y decirle que todo había sido un error, que lo dejaría vivir, pero que no dijera nada y se fuera de Ciudad Juárez. Óscar quedó con las costillas quebradas, la nariz rota, y secuelas de dolor de una violación. Quedó con las palabras y las burlas en la cabeza.

Y el general, quien en ese momento era el responsable del Operativo Conjunto Chihuahua, el que presenció y ordenó su tortura, quedó impune hace menos de un año retirado y con una jubilación de 74 mil pesos mensuales que le pagamos los mexicanos.

Óscar no es la única víctima. A la fecha 117 personas han denunciado haber sido torturadas por los militares bajo el mando de Espitia. Los propios elementos castrenses fueron procesados y ellos mismos han confesado que recibían instrucciones del general.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el expediente, robusto, parece que no existe en las investigaciones de la Fiscalía de México.

Espitia también arrastra acusaciones desde el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo, cuando fue señalado de secuestrar y torturar al teniente de infantería Gerardo Cruz. Si bien las acusaciones que carga en su pasado corresponden al periodo de otros presidentes, lo cierto es que en el actual sexenio se le mantuvo en la nómina burocrática y en su cargo como coordinador de asesores del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas con un sueldo de 115 mil pesos mensuales.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo han procesado, y eso representa también un acto de omisión y complicidad, por más que se diga que la Fiscalía es autónoma.

Kabata, el superviviente más visible, a quien le cambió la vida y no ha cesado en denunciar y mostrar las evidencias de su caso, ha sido protegido por la Comisión de Atención a Víctimas y por la propia Fiscalía; lo contradictorio es que las autoridades lo reconocen como víctima del Estado mexicano, pero las investigaciones contra el general no avanzan.

En marzo de 2020 esta periodista inició la primera investigación sobre su caso, y al buscar a Espitia Hernández en su oficina en repetidas ocasiones para saber su versión de los hechos, fui enterada de que solicitó su renuncia y así como tener acceso a su jubilación.

En estos meses he indagado, junto con mi colega Áxel Chávez, si existe alguna orden de aprehensión, pero no la hay. Sobre su paradero, algunas fuentes han señalado que disfruta de sus 74 mil pesos mensuales en varias casas de retiro donde quizás alguna noche recordará los días en los que convirtió en oscuridad el destino de personas inocentes.

Hace unas semanas, la mamá de Óscar, Laura Kabata, se instaló en un plantón permanente en la Secretaría de Gobernación donde, el pasado 4 de febrero, fue desalojada de manera violenta por la policía. Los maltratos en el desalojo le dejaron moretones y heridas que mostró en fotografías publicadas en la revista digital Emeequis. Si el gobierno actual alega autonomía de la Fiscalía General de la República, no podría eximirse del actuar de elementos de seguridad federales que golpearon y desalojaron a una mujer que lo único que busca es que se repare el daño que le hicieron a su hijo y se investigue a un general impune que les quitó la tranquilidad, porque siguen amenazados desde hace once años en los que la justicia no ha llegado a sus vidas.

*SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia.

https://www.milenio.com/opinion/sandra-romandia/columna-sandra-romandia/la-impunidad-del-general

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